Por
Jorge Díaz Guzmán
La obra escrita por Lope de Vega en el 1610, cuenta la historia del levantamiento de un pueblo español en contra de las injusticias del señor feudal, alzaron su voz y resistieron a la represión de los soldados y dieron muerte al comendador. La obra plantea un conflicto social entre el señor feudal y sus vasallos; luego vino el juicio por las consecuencias del levantamiento de Fuente Ovejuna. La unidad de todo el pueblo fue la base del triunfo. No hay ningún vecino que, aun bajo tortura, señale al autor directo de las muertes, es el pueblo el que se rebela y ejerce la justicia. Frente a cada pregunta que hace el Juez…la respuesta fue una sola…” Fuente Ovejuna señor” y ¿quién es Fuente
Ovejuna?, pregunta el Juez y a coro se escucha…”todo el pueblo señor”.
La obra de Lope de Vega concluye cuando llegan los reyes y restablecen el orden, al reconocer la justicia del proceder del pueblo de Fuente Ovejuna.
Una historia que fue sacada de la enseñanza escolar en 1973, seguramente porque daba cuenta de cómo un pueblo unido, solidario entre sí, logra poner en jaque al poder establecido, por el solo hecho de reclamar de sus derechos.
Hoy cuando el Estado invoca la Ley de Seguridad para juzgar a 22 pobladores, pecadores y hasta un concejal de Lago Verde pareciera ser que se repite la historia de hace 400 años.
La Ley
La Intendenta de Aysén argumenta que en los gobiernos de la Concertación también se aplicó esta norma para restablecer el orden público y “aquí se distinguen las acciones de los dirigentes y ciudadanos, con los violentistas que no desean el dialogo”. La línea discursiva, sin duda es políticamente correcta, salvo que en este caso los violentistas requeridos son vecinos y personas vinculadas al movimiento social, que usó las más diversas formas de presión para que el gobierno y la comunidad nacional conocieran las reivindicaciones que reclama de la región de Aysén.
La norma que hoy se usa, para terminar con los actos de presión que perturben el orden púbico, pretende generar temor en la población
movilizada, más aún, porque no todos conocen su alcance y rigor.
La diferencia que se observa, por ejemplo cuando Ricardo Lagos invocó a esta Ley para terminar con el paro de los micreros, es que fue un grupo de poder que afectaba a la ciudadanía y no al revés; Michelle Bachelet invocó la LSE en marzo de 2008 contra un procurador de asesorías jurídicas, que realizó un falso anuncio de bomba en el Centro de Justicia de Santiago de Chile, la otra fue contra un movimiento de gendarmes que pusieron el riesgo la vigilancia en las cárceles del país. Si bien es cierto puede ser un matiz, aquí pareciera, que la norma cuestionada por su origen espurio, es en contra la ciudadanía representada en este caso por 22 personas, que a todas luces no son ni subversivos ni delincuentes, por eso pareciera ser, que la respuesta adecuada al requerimiento del gobierno del
Presidente Piñera debiera ser” Fuente Ovejuna señor” …
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